En caso de ser administrador de derecho o acreedor de una sociedad que ha entrado en concurso de acreedores, conviene saber quién dirigirá la empresa a partir de ese momento.

Las facultades de dirección y de disposición del patrimonio que ostenta el administrador respecto a la sociedad, se verán modificadas mediante la declaración de concurso y del consecuente nombramiento de la Administración Concursal. De esta forma, dicha Administración será quien tome las decisiones necesarias en la sociedad en relación a su dirección y disposición patrimonial, y se le otorgará mayor o menor poder dentro de la empresa en función de la clase de concurso en que ésta se haya declarado.

 Por este motivo, es recomendable e importante tener claro el régimen jurídico al que será sometida la sociedad concursada y la forma en que puede afectar.

El concurso de acreedores viene regulado por la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal (en adelante, “LC”), regula la figura de los administradores concursales. Se nombran con la declaración de concurso a través de auto judicial y en el mismo auto, se establece también la limitación de las facultades patrimoniales del deudor. Esta limitación se realiza para conservar y administrar de forma conveniente los bienes y derechos que integran el patrimonio del concursado.

Una vez declarado el concurso se limitan las facultades del concursado deudor, con carácter general del siguiente modo:

  • En caso de concurso voluntario, debido a la buena de fe del concursado, únicamente se intervienen las facultades patrimoniales del mismo. La intervención de las facultades patrimoniales del concursado deudor se traduce en la conservación de las facultades de disposición y administración de su patrimonio, incluyendo la titularidad de su ejercicio. Sin embargo, el deudor debe tener en cuenta que para efectuar cualquier clase de acto sobre su patrimonio está obligado a solicitar la conformidad de la administración concursal, y recabar su autorización. . La LC no aclara en qué consiste exactamente la intervención, si bien, la doctrina jurisprudencial matiza la intervención diciendo que el deudor no queda inhabilitado para el ejercicio de sus facultades de administración y protección de sus bienes sino solamente intervenido.
  • En el supuesto de concurso necesario, en razón de la mala fe del concursado, que se sobrentiende que no ha solicitado la declaración de concurso de su sociedad aun conociendo su situación de insolvencia, se declara la suspensión de las facultades patrimoniales del deudor. El deudor sigue siendo el titular de las facultades de administración y disposición, pero no conserva la titularidad del ejercicio de las mismas, por lo que se ve impedido de llevar a cabo cualquier acto de administración o disposición patrimonial. Este impedimento se extiende a cualquier persona que sea representante legal de la sociedad en cuestión. Es en este momento en el que la administración concursal toma las riendas de la administración y disposición patrimonial de la sociedad.

Es imprescindible mencionar que en el caso de que el deudor lleve a cabo actos o negocios jurídicos patrimoniales sin respetar esta limitación (ya sea la intervención o la suspensión), la administración concursal está facultada para anularlos a través de un incidente concursal.

Existen excepciones a lo anterior:

  • El juez, haciendo uso de sus facultades, puede declarar que aún en caso de concurso necesario, únicamente se intervengan las facultades del deudor concursado, o que en caso de concurso voluntario se lleguen a suspender estas. Eso sí, es requisito indispensable que el juez motive su decisión, haciendo referencia a los posibles riesgos e inconvenientes que podrían surgir en caso de seguir la línea general y enumerando los beneficios que se pretenden obtener. El juez, para ello, tiene en cuenta la actitud del concursado, el tamaño del concurso, la precariedad económica de la empresa, así como la administración que se ha hecho de la misma, entre otros factores.

Además, se contempla el supuesto de que se modifique la intervención (pasando de intervención a suspensión) en caso de solicitarlo la administración concursal y una vez oídas las partes. Normalmente el cambio de intervención-suspensión se da a raíz de la mala gestión del deudor o por causas que puedan ocasionar daños irreparables en caso de no cambiarse de régimen.

En conclusión, la limitación de las facultades patrimoniales del deudor se establece por la ley con la intención de proteger los intereses de los acreedores de la sociedad, pues son estos los más perjudicados en estas situaciones. Así, dicha suspensión o intervención se hace para administrar el patrimonio que todavía conserva la sociedad de la mejor forma posible, con el propósito de pagar el mayor número de créditos y de conseguir salvar la sociedad de la liquidación.

Aunque quizás parezca desproporcionado arrebatar la capacidad de administración y gestión de su propiedad sociedad al administrador de la misma, es también comprensible que si hasta la fecha del concurso se realizo una gestión tal que ha derivado en la insolvencia inminente o de hecho la sociedad, todo indica que durante el procedimiento concursal se seguirá haciendo una mala gestión, y que lo más lógico será poner enfrente de la dirección de la empresa a personas más capacitadas y con una visión más objetiva de lo que es esta y de su situación, como son los Administradores Concursales, que deberán velar por el interés de la sociedad en todo momento.