El pasado 10 de febrero se publicaba en el BOE el Real Decreto 62/2018 , de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. Una modificación que alinea la regulación que ya había sido introducida en 2014 en el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

Según la nueva normativa aplicable, los fondos de pensiones podrán ser recuperados transcurridos 10 años desde que se realizó la aportación, estableciéndose el ejercicio 2016 como el primero a partir de cual pueda contarse el plazo, por lo que las aportaciones realizadas en 2016 podrán hacerse efectivas en 2025, las de 2017 en 2026 y así sucesivamente.

La reforma rompe con las limitaciones que hasta este momento se imponían para poder recuperar lo invertido en un plan de pensiones, pues, sólo se admitía el retorno en caso de situación de desempleo prologado, grave enfermedad, o en el caso de los autónomos por cese de la actividad.

Sin embargo, en 2014 el Gobierno decide seguir el ejemplo del País Vasco, que ya había implementado esta posibilidad, y abrir la puerta a la recuperación de las aportaciones sin necesidad de “excusa” transcurridos diez años desde la realización de la aportación y contándose esta antigüedad no por la contratación del plan de pensiones sino por el año de realización de cada una de las aportaciones.

La consecuencia directa es que a partir del 2025 una cantidad elevada de depósitos podría hacerse efectivos y no reservarse hasta la edad de jubilación de los partícipes, lo cual tendrá una consecuencia tributaria directa. Pues, en la actualidad las cantidades recuperadas de un plan de pensiones se califican como rendimientos del trabajo dentro del Impuesto sobre la Renta del Contribuyente, sin que pueda realizarse ningún tipo de reducción que atenúe el impacto por lo que los ciudadanos pueden encontrase que sus liquidaciones aumentan de forma considerable si todavía se encuentran en edad activa al juntarse el importe de sus nóminas con las aportaciones retornadas del plan de pensiones.

Así pues, a pesar de que la medida está dirigida a incentivar el ahorro a través de este producto dada la flexibilidad en la recuperación que se le ha otorgado, resulta imprescindible analizar previamente si efectivamente este sistema de ahorro será el más adecuado para el sujeto, pues a diferencia de otros productos financieros el contribuyente no sólo tributará por el beneficio que le reporta la inversión realizada sino también por el capital invertido.