En el sector farmacéutico la constitución de una compañía mercantil con personalidad jurídica propia, distinta de la de sus integrantes, como podrían ser una sociedad limitada, o una anónima, está descartada, puesto que la propiedad y titularidad de las oficinas de farmacia están reservadas exclusivamente, a los licenciados o doctores en farmacia, y ello como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 103.4 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, cuyo tenor literal dice así “Sólo los farmacéuticos podrán ser propietarios y titulares de las oficinas de farmacia abiertas al público.”, y de la Ley 16/1997, de 25 de abril, de Regulación de Servicios de las Oficinas de Farmacia, que en su artículo primero define la oficina de farmacia como establecimiento titularidad de farmacéuticos.

Por lo tanto, la actividad de farmacia no se puede ejercer a través de sociedades mercantiles. Si bien es cierto, que las cotitularidades son legales, pero implican el ejercicio de la actividad por parte de los farmacéuticos cotitulares de la autorización administrativa y no de las entidades que puedan constituir a ese respecto. Sin embargo, sí existen fórmulas asociativas usuales en el sector, como pueden ser las comunidades de bienes, las sociedades civiles, y las cuentas en participación.

Con respecto a esta última, las cuentas en participación, las mismas se encuentran reguladas en el artículo 239 y siguientes del Código de Comercio, y en dichos preceptos se establece que: “Podrán los comerciantes interesarse los unos en las operaciones de los otros, contribuyendo para ellas con la parte del capital que convinieren, y haciéndose partícipes de sus resultados prósperos o adversos en la proporción que determinen.”.

Asimismo, tal y como ha manifestado en diversas sentencias el Tribunal Supremo, el contrato de cuentas en participación “se apoya en la existencia real de un propietario-gestor que recibe aportaciones de capital ajenas y las hace suyas para dedicarlas al negocio en que se interesan dichos terceros, los que no tienen intervención alguna en el mismo, salvo las derivadas del lucro que pretenden obtener con la contribución de capital que efectúan”. De esta manera, nos encontramos ante el cuenta-partícipe no gestor que realiza aportaciones de bienes o derechos, en ningún caso trabajo, y el propietario-gestor que las adquiere en propiedad, las integra en su patrimonio y las utiliza para la implementación de su actividad en la que se encuentra interesado el cuenta-partícipe.

Además, no es necesaria ninguna solemnidad para su formación, puede contratarse privadamente de palabra o por escrito, pudiendo probarse su existencia por cualquiera de los medios reconocidos en Derecho, lo que determina que, en la práctica se aconseje formalizarlas por escrito. De esta manera, formalizar un contrato de cuentas en participación para el desarrollo de la actividad de una oficina de farmacia, a priori podría reputarse una tarea fácil, sobre todo si se formaliza en documento privado, pero lo cierto es que aun así, dicho documento tiene que ajustarse a la normativa mercantil y farmacéutica aplicable, para no incurrir en problemas notables a posteriori.

En definitiva, en la oficina de farmacia financiada a través de unas cuentas en participación, el cuenta-partícipe invierte un capital en la farmacia con la perspectiva de que esta va a generar beneficios y, de acuerdo con lo pactado en el contrato, le serán distribuidos parte de estos beneficios. Por lo tanto, el cuenta-participe no tiene ningún derecho de crédito sobre la cantidad aportada, sino únicamente a la liquidación y la rendición de cuentas correspondiente.

Todo ello, hace imprescindible contemplar en el contrato las formas en las que el cuenta-partícipe interactúa con el propietario gestor de la farmacia, para que posteriormente no haya reclamaciones económicas entre ambas partes en relación a las posibles discrepancias interpretativas del contrato.

Por esta razón, se ha partir de la premisa de que el cuenta-partícipe no puede gestionar la farmacia, ni decidir sobre la organización empresarial, ni a nivel laboral, ni de compras o ventas, quien ha de tomar las decisiones sobre la farmacia, es siempre el farmacéutico, el propietario-gestor. Por lo tanto, el cuenta-partícipe tiene que tener claro en qué consiste su intervención en la farmacia y que no es en ningún caso socio o cotitular, y ello a pesar de que su aportación ascienda al importe total del precio de la oficina de farmacia.

Por consiguiente, conviene por ello, que antes de embarcarse en esta figura asociativa, solicitar el asesoramiento y asistencia jurídica de expertos en la materia, al objeto de que se tome en cuenta la calificación del contrato, y se ajuste el mismo a la regulación aplicable, en estrecha conexión la legislación mercantil y la farmacéutica; se establezcan con claridad las obligaciones y derechos de las partes, así como los límites de intervención del inversor; y dado que con contrato de cuentas en participación no se genera una sociedad mercantil propiamente dicha, ni tampoco se constituye un préstamo participativo, las partes deben ser conscientes de cómo les afecta desde el punto de vista económico, y fiscal, esto es, por ejemplo, el reparto de beneficios, y la tributación ante la Agencia Tributaria.