El 17 de febrero del presente se publicó la sentencia que da por resuelta la cuestión de inconstitucionalidad nº. 1012/2015, en relación con los arts. 4 y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipuzkoa.

El inicio de esta cuestión fue la venta de un inmueble que realizó la entidad mercantil “Bitarte, S.A.” en 2014, por importe de 600.000€, el cual había sido adquirido en 2003 por 3.101.222,45€. Esta transmisión generó una pérdida patrimonial, pero a su vez generó, según el Ayuntamiento de Irún, una liquidación tributaria por el Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de 17.899,44€.

Por lo que la empresa decidió recurrir la liquidación practicada por el Ayuntamiento, elevándose dentro del procedimiento judicial la cuestión de inconstitucionalidad de los preceptos citados anteriormente al Tribunal Constitucional por posible vulneración del principio de capacidad económica y de la prohibición de confiscatoriedad (art. 31 CE).

El Tribunal Constitucional en su contestación a la cuestión planteada considera que estos preceptos gravan una renta no real, ya que se imputan a quienes transmiten un terreno de naturaleza urbana por un importe menor al de su adquisición, hecho que lleva al gravamen de una inexistente capacidad económica, además de poder llegar incluso, en el caso concreto que se examina en dicha cuestión, a ser confiscatorio, y por tanto, contrario como se planteaba al art. 31.1 CE.

Así pues, el Tribunal hace especial hincapié en la “necesidad de insistir en la capacidad económica como principio constitucional y como fundamento de la tributación, de tal manera que dicho principio impide, en todo caso, que el legislador establezca un tributo cuya materia u objeto imponible no constituya una manifestación de riqueza real o potencial, no se autoriza a gravar riquezas meramente virtuales o ficticias, y en consecuencia, inexpresivas de capacidad económica”, además se exige que la contribución de todos los ciudadanos al mantenimiento del gasto público se haga teniendo en cuenta su capacidad económica, configurando dicha capacidad como un criterio inspirador del sistema tributario. No tienen cabida alguna, por tanto, en nuestro sistema todos aquellos tributos que no recaigan sobre alguna fuente que lleve apareada una manifestación de capacidad económica. 

La Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipuzkoa regula el impuesto como un tributo directo que trata de gravar el incremento de valor que puedan experimentar los terrenos, con un mínimo de 1 año y un máximo de 20, como consecuencia, entre otras cosas, de la venta de dichos terrenos, estableciendo como fecha de devengo del tributo por tanto, la fecha de venta. Esta configuración del tributo quiebra, ya que, no grava el incremento de valor, sino la mera posesión de un terreno durante un periodo de 1 a 20 años, al devengarse de forma automática el tributo con su venta.

Por tanto, tras la declaración de  inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 4.1, 4.2 a) y 7.4, de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Guipuzkoa, los Ayuntamientos que han realizado las liquidaciones bajo esta normativa se van a ver obligados a revisarlas aquellas no prescritas si así lo solicitan los contribuyentes siempre que hayan sometido a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, y hayan impedido a los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia.

Además, el legislador deberá llevar a cabo a partir de la publicación de esta sentencia las necesarias modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Por último, cabe destacar que aunque efectivamente la cuestión afecta a la normativa foral y no estatal, los artículos 104, 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales son prácticamente idénticos a aquellos declarados inconstitucionales y de hecho, sobre los mismos pesan varias cuestiones de inconstitucionalidad que se encuentran pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, quien mantendrá a ciencia cierta el mismo criterio ya adoptado.

Por ello, teniendo en cuenta que existe un plazo de cuatro años para iniciar el procedimiento de devolución de lo indebidamente ingresado por este impuesto a la Administración local, resulta recomendable iniciar ya dicho trámite.