El pasado 28 de febrero el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo publicaba una nota de prensa para dar a conocer su resolución en los Recursos de Casación número 1211 y 1518, ambos de 2017.

En las resoluciones, el Tribunal llega a la conclusión de que efectivamente, las cláusulas por las cuales pesa sólo sobre el consumidor el pago de cualquier tributo al que pueda quedar sujeto la realización de un préstamo con garantía hipotecaria, este interés resulta abusivo.

Sin embargo, la declaración de la cláusula como abusiva no conlleva, como se pretendía por los consumidores, que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados deba recaer entonces sobre la entidad bancaria, pues el artículo 68 del Reglamento de este Impuesto establece que “Cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”.

Así pues, aunque la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados establece que el sujeto pasivo por este tributo será aquel a quien beneficie el documento grabado, lo cual se había interpretado por los afectados como que eran las entidades bancarias quienes debían hacerse cargo del Impuesto al beneficiarles el contar con una garantía sobre el dinero prestado, lo cierto es que la matización que realiza el Reglamento, con independencia de su cuestionada extralimitación, no ha pasado de soslayo para este Tribunal, quien se ha mantenido fiel a la doctrina que la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo ha manteniendo desde hace años y por tanto, congruente también con el tenor de la norma, declarando sujeto pasivo del Impuesto en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados al prestatario.

Lo anterior por supuesto, sin perjuicio de que al haber sido declaradas abusivas las cláusulas sobre la obligatoriedad de que los gastos por este tipo de operaciones fueran abonadas sólo por el prestatario, si se reconoce el derecho a que éste recupere la mitad de los gastos de notaría, registro y la cuota variable de Actos Jurídicos Documentados (el timbre del papel utilizado para le realización de a escritura pública cuyo coste se incluye en las facturas del Notario).

Por tanto, llegados a este punto y sin perjuicio de que los ciudadanos decidan organizarse, como en otras ocasiones para proponer cambios legislativos, lo cierto es que debe tenerse muy en cuenta la nueva jurisprudencia a la hora de plantear un procedimiento que busque sean declaradas abusivas las cláusulas de los contratos de préstamo con garantía hipotecaria pues, la petición de cuantías que no proceden podría tener una repercusión directa en las costas del procedimiento que al final cabe que deban ser asumidas por el consumidor.